La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto un nuevo caso que afecta la administración de justicia. Se trata de la manera amañada como, al parecer, el fiscal delegado ante jueces del circuito de esa localidad, Julio César Sánchez Acuña, habría articulado esfuerzos con profesionales del derecho y servidores judiciales para presuntamente beneficiar a personas investigadas por diferentes delitos en el sur del país.

"Para alcanzar su cometido el fiscal Sánchez, al parecer, se confabulaba con abogados y jueces para que tramitaran preacuerdos con los implicados en delitos, y supuestamente, tras recibir distintas sumas de dinero, éstos últimos habrían obtenido beneficios judiciales que iban desde disminuciones en sus penas, medidas domiciliarias, hasta libertades", explicó la Fiscalía en un comunicado este jueves.

La Fiscalía General de la Nación imputó como presuntos responsables de los delitos de concusión, prevaricato por acción simple y agravado, y fraude procesal a: Julio César Sánchez Acuña, fiscal delegado ante jueces del circuito en Mocoa, Putumayo;  William Alexander Argoti Lagos, abogado; Leonel Díaz Mora, juez penal municipal de Mocoa, y Edelberto Zapata Muñoz, fiscal delegado ante jueces del circuito en Mocoa (Putumayo). 

El ente acusador pidió medida de aseguramiento en centro carcelario contra de Sánchez Acuña, Argoti Lagos, y Díaz Mora. El juez del caso les otorgó las siguientes medidas no privativas de la libertad a Sánchez y Argoti Lagos: obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido, buena conducta, prohibición de salir del país, prohibición de comunicarse con las víctimas, y prestar caución por un salario mínimo legal vigente.  

Los casos

Caso 1: Beneficios a implicado en captación de dineros. Al parecer, el fiscal Sánchez, con la ayuda del abogado William Alexander Argoti Lagos, otorgó un preacuerdo que benefició con medida domiciliaria a un hombre encargado de conseguir clientes y recaudar dineros para una captadora ilegal de dinero en Mocoa o lo que se ha conocido popularmente como ‘pirámide’, la cual se habría apropiado de los ahorros de decenas de incautos.

Caso 2: Cambio de delito a mujer que supuestamente envenenó a sus hijos. En esta investigación, se constató que a pesar del hecho grave por el que la mujer fue procesada, se cambiaron los delitos y se obtuvo una pena mínima de 21 meses de prisión. Fue vinculado juez penal municipal de Mocoa (Putumayo), Leonel Díaz Mora, quien aprobó el preacuerdo, pese a estar impedido por haber hecho parte de las audiencias preliminares.

Caso 3: Rebaja de penas en caso de secuestro de menores. Estaría relacionado con la indebida tasación de los delitos imputados. Esto le permitió al implicado obtener una rebaja de penas, de nuevo mediante un preacuerdo. 

Caso 4: Libertad para tres personas quienes estarían relacionadas con una organización criminal. Al parecer el fiscal no preparó de manera adecuada y suficiente los argumentos para que los detenidos fueran cobijados con medida de aseguramiento, de tal forma que el juez del caso les concedió la libertad a los tres detenidos.

Caso 5: Libertad en caso de hurto de unas llantas. A través un preacuerdo se otorgó la libertad a los procesados por el hurto de llantas. Por estos hechos la Fiscalía investiga también, la presunta participación irregular del fiscal delegado ante jueces del circuito en Mocoa, Edelberto Zapata Muñoz.